La declaración del estado de alarma los sorprendió en sus países de origen y al caducarles la tarjeta de residentes extranjeros en España quedaron atrapados en un círculo burocrático sin puerta de salida. No podían entrar al país porque su documentación de residente extranjero estaba vencida y no podían renovarla porque para ello se requiere la presencia física en el país.
El Ministerio de Sanidad, que ostenta el mando único en esta situación de crisis, ha corregido esta situación, que afecta a cientos de residentes extranjeros en la Costa del Sol. El BOE publicó ayer, miércoles, una orden que matiza algunas de las decisiones adoptadas con la declaración del estado de alarma.
En la nueva norma se dispone que los extranjeros residentes en España que no se encuentren en el territorio nacional y cuyos permisos de residencia o visados de larga duración caduquen durante la vigencia del estado de alarma puedan entrar en España con esa documentación aunque se encuentre caducada. También prevé que las ausencias del territorio español ocasionadas por la situación del Covid-19 no serán tenidas en cuenta a la hora de computar la continuidad de la residencia, con el fin de evitar que la imposibilidad de regresar a España por el cierre de fronteras terrestres y aéreas perjudique de forma negativa su estatus regular en el país.
La disposición también beneficia a los extranjeros que se encuentran en el país y se vieron impedidos de presentar la solicitud de renovación. Todos los permisos que caducaron durante el estado de alarma y en los tres meses precedentes tendrán una prórroga automática de seis meses a partir del fin del estado de alarma, según se establece en la disposición publicada ayer.
Aún permanece la prohibición para los extranjeros con segunda residencia en España, que no pueden entrar
Los extranjeros a quienes la pandemia sorprendió en sus países de origen y no podían regresar al caducar su documentación se cuentan por centenares en la Costa del Sol, según asegura el abogado experto en Extranjería Ricardo Bocanegra.
El letrado remitió la semana pasada sendas cartas a los ministerios de Sanidad y al de Interior en las que planteaba esta situación y solicitaba que se arbitrara una solución como la que finalmente se ha adoptado.
También exponía otra situación a la que todavía no se ha dado respuesta: la de los propietarios de segundas residencias que desean entrar en España y no se les permite.
En la misiva propuso que se establezca la posibilidad de que a los extranjeros que presenten un certificado médico de no padecer el Covid-19 expedido por un hospital público o privado, se les permita entrar en España, al no suponer un peligro para la salud pública. La propuesta indica que el certificado debería estar legalizado con la Apostilla de La Haya, el sello que da validez internacional a los documentos oficiales.
El abogado solicitó que esta norma fuera extensiva también a los extranjeros que deseen visitar el país como turistas. «Hay que tener en cuenta que la principal industria española y la que más puestos de trabajo genera es el turismo, tanto el hotelero como el residencial», explicó en el escrito.
La carta ha obtenido respuesta por parte de la directora de Gabinete del Ministerio del Interior, Rocío García Romero, en una carta fechada el pasado lunes día 18 en la que le informa que ha tomado nota de la propuesta y la ha remitido a la Dirección General de la Policía por ser el órgano competente para su estudio.
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